27 abril 2007

Conferencia: La criminalización del mercado de antigüedades saqueadas en el Instituto de Sociología

Publicado en Diario Vasco

OÑATI: Hoy y mañana se celebran en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica unas jornadas sobre «Criminalización del mercado de antigüedades saqueadas», dirigida por los profesores ingleses Penny Green, Gordon Lobay y Simon Mackenzie.

En la reunión toman parte una docena de profesores y profesionales procedentes del Reino Unido, Suecia y USA. A destacar la participación de expertos en antigüedades del British Museum de Londres, o del Departamento de Arqueología de la Universidad de Boston.

«Cuando se dice 'antigüedades saqueadas' se refiere a las tomadas ilícitamente del suelo o de otro lugar adjunto a un templo o a una estructura antigua» explican desde la organización. También se consideran bajo el mismo concepto «los depósitos de materiales culturales situados en aguas territoriales. El saqueo de estos bienes culturales se ha convertido en algo rutinario, y se han constituido subterráneos con una increíble cantidad de estos materiales» relatan.

Uno de los principales problemas que generan estos saqueos reside en que rompen la relación que se puede establecer entre los bienes robados y los lugares de donde han sido sustraídos, y se dificulta el estudio del pasado de las comunidades de dichos lugares. La pérdida resulta irremediable, y una vez roto el contexto del que fueron sustraídos, es difícil establecer la relación del bien sustraído y el medio del que se sustrajo.

Los mercados más importantes de estas antigüedades objeto de saqueo se sitúan en Londres y Nueva York. Las antigüedades sustraídas en sus tierras de origen caen en manos de negociantes internacionales, quienes los suministran a coleccionistas privados y a museos.

De este modo, estas pertenencias robadas se convierten en ilícitas y exigen una interpretación jurídica y medidas legales para tratar el asunto. Un acta de 2003 que contempla el comercio de los objetos culturales se ha convertido en la primera pieza de legislación criminal que se aplicará a todos los mercados considerados como posibles negociadores de bienes culturales, aunque sus efectos son todavía desconocidos.

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